La revisión de oficio, la revocación y la rectificación de errores de actos administrativos son potestades públicas que permiten enervar el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, así como el de irrevocabilidad de los actos favorables a los interesados. En su aplicación se confrontan principios y valores tan esenciales como los de legalidad y seguridad jurídica, quedan cuestionadas reglas aparentemente absolutas como la de la imprescriptibilidad de la nulidad de pleno Derecho y se ponen en juego conceptos tan abstractos como la equidad y la buena fe. La Ley 39/2015 (y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público) han introducido algunas novedades en el régimen de la revisión de oficio, pero no han resuelto los interrogantes que su incompleta o inadecuada regulación ha venido planteando. El análisis de las disposiciones legales y de la jurisprudencia se realiza desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos, poniendo especial énfasis en las garantías que debe respetar la Administración y prestando una especial atención a las solicitudes de los interesados para la revisión, revocación y rectificación de actos, proponiendo la corrección de algunas prácticas administrativas y judiciales perniciosas que distorsionan el fundamento de dichas acciones. El enfoque centrado en el ciudadano y la metodología utilizada -examen crítico de la regulación con apoyo en una exhaustiva jurisprudencia y bibliografía- hace que el libro tenga un indudable valor para los operadores jurídicos, puesto que facilita el hallazgo de soluciones a la rica problemática que suscita el ejercicio de la revisión, la revocación y la rectificación de las actuaciones administrativas.
