El Derecho penal de la posmodernidad exhibe simultáneamente dos caras opuestas. En una de ellas, el sujeto sólo responde por la lesión del valor tutelado, la pena adquiere funciones preventivas y no se interrumpen las garantías constitucionales. En la otra, por el contrario, el sujeto aparece como emanación de peligro, como un riesgo para la seguridad del Estado. Hablamos entonces de un singular Derecho penal de excepción cuyo fin es combatir peligros, esencialmente, a través de las medidas de seguridad. un Derecho en el que no se estima tanto la acción como el riesgo potencial para la seguridad y en el que se restringen determinados derechos fundamentales por su supuesta traba a la razón de Estado. Renace así la imagen del ?monstruo moral? adscrita, como recuerda Foucault, a aquellos criminales y anarquistas que, en la segunda mitad del siglo XIX, rechazaban el pacto social. En efecto, hoy en día vuelven a esbozarse parecidas interrogantes con relación a ?terroristas? e inmigrantes: ¿deben aplicárseles las mismas leyes al tratarse de enemigos de la sociedad entera?. al no aceptar el contrato social, ¿no quedan al margen de las leyes sociales?. ¿no habría que excluirlos del sistema jurídico garantista?Un grupo de expertos analiza los cambios estructurales que actualmente se están produciendo y se han producido en el Derecho penal, cuyo final es ahora la pacificación interior, el control de los sectores no productivos y productivos en movimiento mediante las políticas de seguridad y orden público. En este sentido, el Derecho penal y procesal-penal, sobre todo con la excusa del atentado del 11 de septiembre de 2001, han asumido la estructura de la guerra en su relación con los sujetos, pudiendo hablarse incluso de una situación de perpetuo estado de guerra, de un eterno Leviatán en el que es el Estado el que desconfía de todos.
