Aunque no siempre ha sido así, hoy existe por doquier la arraigada convicción de que la producción y el mantenimiento del orden público y de la justicia son competencia exclusiva del Estado. No obstante, aunque la mayoría del estamento académico no cuestiona la argumentación en pro del dominio del Estado en este campo, hay amplios -y crecientes- sectores de la población que sí lo hacen. Se observa un creciente descontento frente a la administración pública de la justicia y una también creciente desconfianza respecto a la eficacia del Estado para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos. En consecuencia, puede observarse una demanda cada vez mayor al sector privado de servicios que se supone son incuestionablemente competencia del Estado . El recurso al arbitraje y el florecimiento de empresas privadas de seguridad serían dos ejemplos significativos. Todo esto indica que es hora de cuestionar la presunción de que la seguridad ciudadana, el orden público y la justicia (en todas sus formas: mercantil, civil e incluso penal) sean servicios cuya provisión sea competencia del Estado. Es lo que hace brillantemente este libro, analizando un rico material histórico y sociológico especialmente norteamericano, pero fácilmente aplicable también a otras sociedades. ¿Por qué -se pregunta el autor- confiamos las decisiones relativas a la satisfacción de nuestras necesidades más perentorias (como el alimento y el vestido) a sujetos individuales del sector privado, que operan en un sistema de libre mercado, y por qué permitimos al Estado interferir y tratar de dominar el mismo sistema que produciría, de forma eficaz y económica, el derecho y su aplicación? Se dirá que el mercado no es precisamente el terreno adecuado para la creación y aplicación de la ley y la justicia. El presente libro demuestra que ésta es, por lo menos, una conclusión precipitada. Sirviéndose de la teoría económica, enriquecida con
