El 2 de agosto de 1968 ETA asesinó en Irún al inspector jefe de la Brigada de Información Social de la Policía en Gipuzkoa, Melitón Manzanas, un reconocido torturador. Era la primera vez que la organización decidía matar de forma premeditada, lo que provocó una sacudida en la sociedad vasca. Fueron siete disparos que cambiaron el surco de la historia con unas detonaciones que se replicaron en toda Euskadi, que asumió una ejecución que parecía merecida. La dictadura de Franco caminaba hacia sus últimos estertores y la represión parecía no tener límites. La Policía estrechó el cerco sobre aquellos activistas, que fueron sometidos a un Consejo de Guerra en diciembre de 1970. Dieciséis procesados para los que el fiscal militar pidió seis sentencias de muerte y 752 años de cárcel en un sumario que daría nombre al Proceso de Burgos, una marca de la lucha antifranquista. Fue una convulsión. No era un juicio cualquiera. ¡Era El Juicio! El 28, Día de los Inocentes, se conoció la sentencia: nueve condenas a muerte, que fueron conmutadas la víspera de Nochevieja. El proceso aceleró la descomposición del franquismo, pero proporcionó un salvavidas impagable a una ETA que sobrevivía a bocanadas. Un factor de extrema relevancia fue el papel de la Iglesia. El hecho de que entre los procesados hubiera dos sacerdotes fue una oportuna coartada. La Iglesia consiguió que el juicio fuera a puerta abierta, pese a la letra del Concordato entre el Gobierno y la Santa Sede que garantizaba la discreción. Pero arrastraba un pecado original: en la primera ETA la religión fue un factor importante y el mundo eclesiástico proporcionó munición intelectual.
